Cerca de 100 mil visas laborales se han otorgado a trabajadores bolivianos y se reabre debate migratorio en el sector agrícola

En el rubro proponen avanzar hacia una modernización en normativas laborales y de permisos para extranjeros en el agro. Expertos señalan que la contratación de migrantes no debe considerarse como un ‘recurso para llenar vacíos de empleo’.

Una de las principales preocupaciones del sector agrícola es la importante falta de mano de obra. Actores del rubro reconocen que cada año aumentan los volúmenes de exportaciones y no dan abasto con los trabajadores chilenos para cumplir con las metas productivas, por lo que deben recurrir a los extranjeros, principalmente para labores de temporeros.

Esta situación llevó a la industria agrícola a encabezar una agenda laboral con autoridades locales para agilizar los procesos de entrega de permisos temporales a extranjeros y así suplir la falta de mano de obra nacional en el sector.

Pese a que el sector agrícola genera más de 1 millón de empleos directos e indirectos, considerando toda la cadena asociada al rubro, a nivel de industria se calcula que hay una escasez de unos 300 mil trabajadores. Esto se resiente aún más en períodos clave de cosecha, entre noviembre y abril.

Desde la Sociedad Nacional de Agricultura SNA señalan que la ‘Visa Mercosur’ firmada entre Chile y Bolivia ha sido clave para la industria —el año pasado exportó más de US$ 13.000 millones al mundo— y la actual campaña frutícola.

En 2023 se firmó un convenio con el Ministerio del Interior de Bolivia para fomentar la regularidad de los trabajadores bolivianos que vienen a Chile . Este acuerdo exime del pago de US$ 90 y entrega un permiso laboral por dos años, que puede ser renovable, y que les permite ingresar y trabajar en el país.

La SNA señala, en base a datos solicitados vía Transparencia al Servicio Nacional de Migraciones, que entre enero y agosto de este año se han otorgado 91.761 visas temporales a residentes bolivianos, número que casi cuadruplica los 23.516 permisos entregados a bolivianos el año pasado en el mismo período. Dado la cantidad otorgada hasta agosto y considerando que tras septiembre de intensifica la cosecha, en el sector prevén que los números se acercarán —o superarán— los 100 mil casos.

Si bien destacan que los datos del servicio ‘no desglosan específicamente la Visa Mercosur’, sostienen que se ha reflejado un fuerte aumento en las entregas de estos permisos a bolivianos en los últimos años. En 2024, se otorgaron 42.088 visas temporales para residentes del país vecino, en 2023 fueron 13.703 y el 2022 sumaron 24.270.

Según el Servicio Nacional de Migraciones, con cifras disponibles a junio, los bolivianos concentran un 56% de las visas residenciales temporales otorgadas en 2025. Le siguen Venezuela (14%), Colombia (6%), Perú (6%) y Haití (4%).

Desde la SNA afirman que los trabajadores extranjeros se dedican principalmente a labores en los huertos, mientras que en los packings el 85% de los trabajadores son chilenos, puesto que es mano de obra más calificada.

Aporte boliviano

Antonio Walker, presidente de la SNA, señala que el acuerdo entre autoridades chilenas y bolivianas es clave para el sector, que actualmente se encuentra en el peak de la temporada de cerezas, que mueve unos US$ 2.500 millones.

Afirma que los trabajadores bolivianos son un aporte para la agricultura chilena ya que ‘tienen una cultura agrícola y han trabajado toda la vida en la agricultura’.

Indica que la Visa Mercosur ha permitido agilizar la obtención de los permisos para trabajadores bolivianos ya que ‘ahora lo sacan con su carnet de identidad y no con pasaporte’. Asegura que ayudó la exención del pago para la visa y que otro gran cambio en el proceso es que el Servicio Nacional de Migraciones contesta en 15 días y antes pasaba hasta un año sin responder.

Por otra parte, Walker plantea que la experiencia con Bolivia podría ser el puntapié para extender estas medidas hacia otros países del Mercosur, como Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y los países asociados como Perú, Colombia, entre otros. ‘La ley de inmigraciones no se hace cargo de la realidad del sector’, dice.

Debate migratorio

Walker propuso a fines de septiembre la opción de abrir un proceso de regularización para los migrantes que ya residen en el país, ante la falta de mano de obra en el sector. Pero la idea fue rebatida en ese entonces por los candidatos presidenciales —incluyendo a José Antonio Kast y Jeannette Jara— debido a la actual crisis migratoria del país

El líder del gremio insiste en que se debe avanzar en la evaluación de medidas para una mayor formalización de migrantes, con miras a suplir la escasez de trabajadores en las labores del agro. ‘No damos abasto con la fuerza laboral nacional para absorber las labores peak de la agricultura. No es que no queramos trabajar con chilenos, al revés, gracias a los chilenos hemos desarrollado la agricultura (…) Como SNA hemos dicho en reiteradas ocasiones que necesitamos urgentemente un proceso de inmigración ordenado, seguro y regular’.

Para Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, el sistema de incorporación de trabajadores extranjeros para la agricultura ‘está funcionando, especialmente a través de la Visa Mercosur, que ha permitido que del orden de 100 mil trabajadores bolivianos ingresen legalmente al país’. Sin embargo, asegura que ‘no podemos sostener toda nuestra estrategia migratoria solo sobre este mecanismo (…) Necesitamos avanzar con urgencia hacia un sistema de visas laborales más moderno y eficiente’.

Por otra parte, Walker afirma que el país debe modernizar la ley de inmigraciones para adaptarse a la realidad de la agricultura. Asimismo, elevar la tasa límite de contratación de extranjeros dentro de las empresas nacionales, que actualmente se ubica en 15% para empresas sobre 25 trabajadores, de acuerdo al artículo 19 del Código del Trabajo. ‘Esto ha creado un incentivo perverso que es agregar un intermediario al sistema y ha evitado que el inmigrante haga un contrato directo con la empresa’, agrega.

El debate también ha sido analizado por académicos. Las investigadoras del Centro de Derechos Humanos UDP, Lidia Casas, Judith Schönsteiner y Marcela Zúñiga, afirman que flexibilizar la norma ‘no responderá a cuestiones más estructurales del empleo temporal’.

Y plantean: ‘Las personas que pueden moverse a trabajar al campo, necesitarán de condiciones mínimas y decentes de habitación, jornadas laborales y remuneraciones que permitan una sostenibilidad no solo para costear el tiempo en una región determinada, sino también sostenerse económicamente cuando terminen la temporada y que no cuentan con otro trabajo’.

En tanto, las investigadoras señalan que ‘la contratación de personas migrantes no debe considerarse como un ‘recurso’ para llenar vacíos de empleo (…). La necesidad de avanzar en mecanismos que permitan la incorporación ordenada y regular de trabajadores migrantes para labores agrícolas debe ser compatible con las obligaciones internacionales, garantizando trabajo decente’.

Sobre las formas para atraer mano de obra nacional de regreso a la agricultura, sostienen que será cuando ‘la agricultura ofrezca trabajos dignos, remunerados según la normativa vigente, y con los descansos y adaptación familiar correspondientes (…). La minería también implica muchos desplazamientos y no hemos escuchado de problemas de falta de mano de obra’.

Fuente El Mercurio