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31
marzo
Lejos de ‘llorar’, agricultores, gremios y empresas trabajan para prevenir la delincuencia y la violencia y apoyar al Estado en la seguridad rural, no solo con propuestas para endurecer penas y crear una ley contra el robo de productos agrícolas, sino creando organizaciones de vigilancia, consultorías en seguridad, colaboración con Carabineros y usando drones e inteligencia artificial.
La Encuesta de robo agrícola realizada por la Sociedad Nacional de Agricultura SNA, que mostró que casi el 80% de los agricultores dice haber sufrido un robo durante el último año y que el 40% se ha enfrentado a dos o más episodios de delincuencia, le puso números a una situación que hasta ahora no cuenta con estadísticas oficiales, pero que ya se comentaba con fuerza entre los agricultores de distintas regiones del país, reflejada —en parte— en las constantes publicaciones de robos de insumos, maquinarias, animales y aperos a través de las redes sociales.
Con más de mil respuestas, la inédita medición muestra también que los robos son transversales a empresas del sector de todos los tamaños y que representarían pérdidas de a lo menos US$ 380,6 millones anuales, sin considerar la tasa de delitos que se presumen como no denunciados, debido a la alta desconfianza en obtener resultados positivos.
Junto con esos datos, la sensación de violencia en las zonas rurales se ha visto acrecentada con el asesinato del matrimonio González Calleja en la comuna de Graneros y con los incendios forestales ocurridos la semana pasada en La Araucanía, con focos simultáneos que permitirían presumir una intencionalidad en su origen.
Pero, lejos de ‘llorar’, los agricultores, gremios y empresas agroindustriales vienen trabajando en forma silenciosa, especialmente durante el último año, para disuadir la ejecución de delitos y apoyar al Estado en generar mayor seguridad en los campos.
Se trata de medidas tecnológicas, comunitarias, de colaboración gremial y con Carabineros que se han concentrado principalmente en la zona centro sur, y de propuestas legislativas que buscan hacer frente a los delitos y violencia que diferentes agricultores califican como ‘nunca antes vistos’.
SNA: Fomentar denuncias y endurecer las penas
Tras dar a conocer la encuesta sobre los robos en el agro, en la SNA resaltan que es clave aumentar la tasa de denuncia de los delitos, para incentivar que se desarrollen investigaciones sobre ellos y también para poder contar con cifras oficiales, que a su vez permiten priorizar la distribución de recursos en las diferentes regiones y comunas.
Para eso están elaborando un ‘Manual de denuncia’, que difundirán entre los agricultores, que incluye una guía paso a paso sobre cómo denunciar, con el objetivo de orientar a las víctimas.
A nivel legislativo están apoyando cuatro propuestas para fortalecer el marco normativo asociado a la seguridad agrícola, entre las que se cuenta el proyecto que modifica la Ley de abigeato, ampliando su alcance a otros delitos, como el robo de agroquímicos, maquinarias y equipos, iniciativa que está en su segundo trámite constitucional y que no ha tenido avances desde agosto de 2023.
Por otro lado, proponen agravar las penas por robo en lugar no habitado y, a través de esa ley, tipificar con mayor precisión los delitos de robo en los campos, y crear una ley de robo de productos agrícolas, inspirada en la Ley de usurpaciones y en la Ley de robo de madera.
‘Esta debe ir acompañada de una normativa de receptación para sancionar a quienes compren insumos agrícolas robados, desincentivando el comercio ilegal’, plantean en la SNA.
Otra de las propuestas que impulsa el gremio es modificar el Código Penal, con la idea de fortalecer la seguridad rural y la proyección de la cadena de suministro, protegiendo el transporte de bienes esenciales como los alimentos mediante penas más severas, nuevas agravantes y mecanismos de persecución penal más eficaces.
CAR Ñuble: Alianza de cooperación con Carabineros
Con la idea de prevenir los delitos rurales, el año pasado la Cooperativa Agrícola Remolachera (CAR) Ñuble estableció una alianza estratégica de cooperación con Carabineros, a través de la cual les puede entregar apoyo logístico con nuevos recursos, como una camioneta destinada al equipo especializado en delitos rurales que se conformó el año pasado, con el nombre de Patrulla de Investigación Táctica Rural.
‘Es algo que no existe en otra parte, una patrulla especializada que está en contacto directo con los socios de CAR Ñuble y con los agricultores que lo quieran y que recorre toda la región’, asegura el secretario de CAR Ñuble, Alfredo Schmidt.
También resalta que es importante fomentar la colaboración de otras empresas de la zona, y en otras regiones, con los carabineros, para apoyarlos en la dotación de recursos y nuevas tecnologías enfocadas en combatir los delitos en localidades rurales.
‘Es importante que otras empresas de la zona repliquen lo que hemos hecho y establezcan alianzas público-privadas con Carabineros, porque es un tremendo aporte disuasivo’, asegura.
La patrulla especializada se conformó hace un año, está conformada por un oficial y diez carabineros, y tiene como base la localidad rural de Quirihue, enfocada en atender delitos como el robo de animales e insumos agrícolas, y surgió como resultado de una mesa de trabajo sostenida con la Asociación de Agricultores de Ñuble en la que presentaron qué delitos son los que más los afectan, en una región donde el 62% del territorio es rural.
Tecnología para disuadir: Con drones e inteligencia artificial
Aunque trabaja desde hace tres años en crear un software para vigilancia con drones e inteligencia artificial, Ricardo Valdés explica que formalizó la startup Videri.AI hace un año y que los agricultores han sido de sus principales usuarios, debido al aumento de la delincuencia en el sector.
Se trata de un software que permite planificar el recorrido del dron automatizado, que al detectar vehículos o personas ‘intrusas’, emite una alerta a los guardias o encargados de seguridad para determinar si ese hallazgo es una amenaza.
‘Ha sido un acierto, sobre todo porque se trata de grandes extensiones y lugares de difícil acceso, donde el dron actúa en forma disuasiva… No solo se busca evitar la pérdida de activos, sino también evitar riesgos para los trabajadores’, dice Valdés.
Si bien la startup no vende los drones ni el servicio de vigilancia, sino que el software para las empresas de seguridad, Valdés asegura que ya han realizado más de ocho mil vuelos u operaciones con drones y este año pretenden duplicar la cobertura, con planes de extenderse a Colombia y Perú, y México.
‘Cobramos una suscripción por el uso del software, pero la idea es que los clientes tengan una solución integrada de seguridad con las empresas proveedoras y que se integren distintas herramientas. Nuestra innovación es que no se requiere que alguien detecte intrusos mirando una cámara, sino que lo haga el dron, con una mayor capacidad de cobertura y precisión’, detalla.
Junto con eso, el sistema genera reportes de cuántas detecciones de intrusos se han realizado y, en el caso de haber algún incidente, se pueden guardar imágenes con el registro de las patentes o recorridos de los vehículos sospechosos.
‘La tendencia de los productores es a usar los drones en forma más intensa en la noche o en zonas más expuestas a riesgos’, dice Valdés.
Campo Seguro: Unir fuerzas contra la violencia
El aumento de los actos de violencia en Los Ríos y Los Lagos llevó a Saval, Aproval Los Ríos, Sago, Agrollanquihue y Aproleche a crear, en 2023, Campo Seguro, una organización para representar al sector ante los organismos del Estado, que tiene como uno de sus focos, apoyar leyes relevantes para los agricultores de la zona, como la Ley Antiterrorista y la de Usurpaciones. Hoy, trabajan en la de Ley de abigeato.
‘La última actualización de la ley (2012) permitió que los delitos disminuyeran 35% y hoy queremos que se incorpore la calificación de asociación ilícita para el abigeato, porque no existe y se trata de grupos organizados, y que se sancione penalmente a los comercializadores de carne, además de incorporar técnicas especializadas en la investigación, como la interceptación telefónica’, plantea Francisco Muñoz, gerente de Campo Seguro, y detalla que han pedido al Gobierno que se le dé suma urgencia al proyecto en el Congreso.
La organización aborda el aspecto comunicacional de los hechos, recalcando que no es solo violencia rural. ‘Esto es terrorismo, es ejercer acciones en contra de las personas buscando su desplazamiento forzado. Ese es el espíritu de las acciones… Desde 2019 tenemos en Los Ríos y Los Lagos 86 hechos de violencia asociados a ataques incendiarios, tomas de predios y amenazas, y solo hay dos detenidos’, dice Muñoz, y dividen la inseguridad entre hechos terroristas y delitos de robos.
Además, vienen promoviendo y fortaleciendo la formación de juntas de vigilancia rurales y apoyándolas en obtener recursos e implementar medidas de seguridad, como cámaras de vigilancia, drones y capacitaciones para los agricultores. También recalcan la la importancia de denunciar los delitos.
‘Los agricultores no denuncian por la baja expectativa de resultados. Es importante hacerlo para sostener ante las autoridades la gravedad del delito y que puedan permitir la dotación de recursos. Además, la información le da luces a la Fiscalía’, resalta.
Soluciones específicas: Consultorías integrales en seguridad
Los especialistas aseguran que la clave para evitar los delitos está en incorporar a la seguridad como un área integral dentro de la unidad productiva. Con esa visión, el ingeniero en prevención de riesgos y exmilitar Germán Bovet formó hace cinco años la consultora en seguridad Bovet Elite Trace, que asesora a agricultores y empresas del rubro entre el Maule y Los Lagos.
‘Las medidas se clasifican en las que apuntan a la infraestructura, como los drones y barreras físicas; las administrativas, como enseñar a las personas a responder a una situación de ingreso a la propiedad; la protección de activos, como las maquinarias y sistemas eléctricos; y otras como la capacitación, que es entrenar al personal para que sepan responder ante los procedimientos y protocolos de seguridad’, detalla Bovet.
Cree que la solución más eficiente es implementar las medidas de seguridad en forma preventiva, de acuerdo a los riesgos de cada lugar, y esas medidas deben revisarse continuamente, porque ‘la seguridad pasó a ser un proceso estratégico’, plantea.
También destaca que es importante es mantener una buena relación con el entorno local y adoptar medidas acordes con los tiempos actuales.
‘Muchas personas en el campo me han dicho que todas las noches dan dos escopetazos… Es una pésima medida, porque estás diciendo que tienes un arma y se convierte en un lugar atractivo para los delincuentes. No se pueden usar soluciones antiguas para una problemática que ha cambiado’, afirma Germán Bovet.
Añade que es necesario revisar qué información suben los trabajadores a las redes sociales, por ejemplo, porque podrían estar entregando información valiosa de manera involuntaria.
Insiste en que ‘los privados van a tener que invertir y anticiparse. Siempre la prevención es lo más barato’.
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