SNA, Fedefruta y Agricultores de O’Higgins solicitan soluciones para abordar la delincuencia rural

La delincuencia en el ámbito rural se ha convertido en una crisis urgente que requiere atención inmediata. Junto a otros representantes del sector, se ha hecho un llamado a los parlamentarios del Congreso Nacional para abordar esta problemática con prontitud.

El encuentro, gestionado por el diputado Diego Schalper, contó con la participación de destacados representantes gremiales, como Federico Errázuriz, gerente de políticas públicas de la Sociedad Nacional de Agricultura; Carolyn McLean, presidenta de los agricultores de Quillota y Marga Marga; Marcelo Fuentes, presidente de los agricultores de O’Higgins; y Víctor Catán, presidente de Fedefruta.

Federico Errázuriz explicó que su presencia en el Congreso se debe a una iniciativa parlamentaria para otorgar un estatus especial a los delitos rurales. “En los últimos años, hemos observado un aumento significativo de delitos en el campo, muchos de los cuales no estábamos acostumbrados a ver”, afirmó, respaldando las propuestas de los diputados.

Marcelo Fuentes, presidente de los agricultores de O’Higgins, expresó su preocupación: “Como agricultores sabemos producir, pero no tenemos experiencia en seguridad. Agradecemos esta agenda de seguridad, ya que necesitamos protección para poder trabajar”.

Víctor Catán, presidente de Fedefruta, indicó que la situación está afectando a todas las regiones agrícolas, lo que demanda medidas inmediatas y modificaciones legales para enfrentar esta realidad. “La delincuencia en el mundo rural es un tema de país, y las zonas rurales no están exentas de esta problemática”, añadió, haciendo eco del llamado del arzobispo de Santiago, Fernando Chomali Garib.

La seguridad y la producción agrícola están en riesgo debido al aumento de la delincuencia en las zonas rurales de Chile. Los líderes gremiales han realizado un llamado urgente al Congreso Nacional para que actúe de manera efectiva, implementando las modificaciones legales y medidas necesarias para proteger a los agricultores y asegurar la sostenibilidad del campo chileno.