Antonio Walker, presidente de la SNA: “No queremos seguir quejándonos, queremos aportar”

Los principales planteamientos apuntan al fomento a la inversión en infraestructura hídrica y mayores medidas en seguridad y financiamiento.

Más de un año después de asumir la presidencia de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), el foco de Antonio Walker está en superar las trabas que impiden un mayor avance del sector agroalimentario.

El exministro de Agricultura en el segundo gobierno de Sebastián Piñera señala que en su período ha trabajado con las más de 40 entidades gremiales que integran la institución en elaborar un diagnóstico con los ‘lomos de toro’ que estarían impactando al mundo del agro. Walker asegura a ‘El Mercurio’ que entregarán en las próximas semanas un documento al Presidente Gabriel Boric con una serie de propuestas para destrabar un mayor crecimiento en la actividad agrícola.

Para esto, se debe priorizar la alianza público-privada, señala. ‘Creo que desde las empresas podemos transformar Chile. O sea, el único que puede transformar Chile no es solo el Estado (…) pero eso debe ir acompañado de buenas políticas públicas’, sostiene. En esa línea, plantea que desde la SNA buscan transformarse en un ‘gremio propositivo, independientemente del gobierno de turno’. ‘No queremos seguir quejándonos, queremos aportar’, manifiesta.

Infraestructura hídrica

Uno de los ejes de las medidas que la SNA planteará al Ejecutivo estará ligado a la aceleración de las inversiones para la infraestructura hídrica que se adapte a la sequía y las condiciones climáticas actuales —como embalses, recarga artificial de acuíferos, trasvasije de cuencas y plantas desaladoras—. En esta línea, proponen simplificar los Procesos Administrativos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que pueden tomar varios años, lo que retrasa la construcción de los proyectos. ‘Se propone que los embalses para riego y agua potable de menos de un millón de metros cúbicos no requieran pasar por el sistema de evaluación ambiental, cuyo límite hoy es de 50.000 m3 y que permitiría regar apenas entre 5 a 10 ha’, señala el documento elaborado por la SNA.

Asimismo, el gremio pondrá sobre la mesa aumentar la inversión pública y privada en la construcción de ‘grandes obras hídricas con una mirada por cuenca’ mediante incentivos a la inversión privada, ‘a través de franquicias o garantías especiales para grandes obras de riego’. Esto, con el objetivo de movilizar ‘recursos privados para la construcción de embalses, lo que podría acelerar la construcción de proyectos de mayor envergadura’. También ponen como prioridad que se eleve la inversión pública, fomentando las ‘asociaciones público-privadas a través de concesiones donde una parte sea financiada por el estado y otra por los privados’.

Walker sostiene que la política de concesiones en materia de infraestructura hídrica es un tema que vienen conversando con Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) para avanzar en esta medida en el sector. ‘Tenemos que volver a estos grandes acuerdos que tuvimos en el pasado, por ejemplo, en las concesiones’, dice. ‘En el caso de las desaladoras creemos que ahí la inversión la tiene que hacer el sector público y el sector privado que la opere’, agrega.

En tanto, plantean que se debe considerar ‘uso de Alternativos (embalses multipropósito) y Obras Complementarias’ para enfrentar el escenario de crisis hídrica.

‘Considerar alternativas o complementos a las obras tradicionales como embalses, y trasvasije de cuenca donde se podría complementar con la producción hidroeléctrica. La recarga de acuíferos podría complementarse con reservas de agua para el consumo humano, y la desalinización podría complementar usos mineros con consumo humano y riego para la agricultura, para aumentar la disponibilidad hídrica’, se describe en el documento.

Para esto, afirma, es clave destrabar la demora en la obtención de permisos.

Seguridad y financiamiento

Otro de los puntos relevantes para el gremio está en la seguridad y orden público. Walker señala que el mundo agrícola se ha visto afectado por el crimen organizado y robos en los campos agrícolas en el último tiempo. Si bien el gremio no ha recabado montos relacionados al incremento de los costos en seguridad, el timonel de la SNA cree que estos gastos han aumentado en, al menos, un 300%. ‘Hoy día la inversión en seguridad es un ítem que sí es relevante en los campos y que antes no era tema’, dice.

Para enfrentar este problema, la SNA propone que se aplique un ‘fortalecimiento de las capacidades y gestión de las policías para prevenir el delito en zonas rurales’, con el aumento de carabineros en zonas rurales. También plantea la ‘promoción de la participación ciudadana en la prevención del delito’, que se pueda crear ‘un sistema de trazabilidad de los productos (maquinaria, producción, fertilizantes, etc.): para poder hacer seguimiento de los productos robados’ y ‘solicitar a Fiscalía Nacional, la creación de Focos Investigativos de delitos rurales, de forma permanente’.

En financiamiento, plantea establecer un ‘Programa de Garantías Especiales (Fogaes) para el sector silvoagropecuario’ similar al que se generó para la construcción, pero se ‘adaptaría a las necesidades específicas del sector silvoagropecuario, con el objetivo de fomentar y dinamizar la actividad de la agricultura, así como apoyar a las empresas del sector que necesitan financiamiento’. El programa estaría dirigido a empresas medianas y grandes del sector, que tengan ventas anuales de UF 100.001 a UF 1.000.000 que no están cubiertas por el Fogape.

Fuente: Diario El Mercurio