El derecho de propiedad tiene límites y deberes en la función social y ecológica de la propiedad. Por su parte, la expropiación será por ley y, por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. Ahora bien, en comparación con el texto vigente, se elimina en relación al pago, la obligación de la autoridad de pagar al contado el monto expropiado y, para determinar el valor de la indemnización, se reemplaza “el daño efectivamente causado” por “el justo precio” del bien expropiado.

Nos preocupa que el derecho de propiedad se vea limitado por su función ecológica, de forma tal que, se podrían establecer limitaciones adicionales a la actividad agrícola que deban ser soportados por los agricultores.

Por otro lado, respecto de las expropiaciones, nos preocupa que no se indemnice por el daño patrimonial efectivamente causado, sino que en base al “justo precio” del bien expropiado, que se puede prestar para arbitrariedades. Además, al no garantizarse el pago al contado, la modalidad de pago queda al arbitrio del legislador (ej. bonos, pago en cuotas, etc.)

Finalmente nos preocupa el espíritu detrás del proyecto, que se refleja en otras normas como la expropiación inmediata de los derechos de aprovechamientos de agua, sin pago alguno, que se comentará a continuación.

Se declara que los bienes comunes naturales como el agua son inapropiables y para su hacer uso ellos, el Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas, imponiendo obligaciones de conservación en función del interés público, la protección de la naturaleza y el beneficio colectivo.

Este sistema entrará a regir una con la entrada en vigencia del texto constitucional, sin periodo de adaptación.

Se eliminan los derechos de propiedad respecto al aprovechamiento de las aguas, incluso aquellos reconocidos por el nuevo Código de Aguas. En su reemplazo se establece un sistema de permisos administrativos cuyo otorgamiento dependerá de la autoridad política de turno.

Estos permisos serán esencialmente precarios y su otorgamiento dependerá de criterios ambiguos (ej. protección de la naturaleza) establecidos por la autoridad política de turno (ej. Consejo de Cuencas).

La terminación de los derechos de aprovechamiento de aguas es una expropiación, no contemplándose pago alguno por ella.

La naturaleza será titular de los derechos, entre los cuales se encuentran el derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración.

Si bien, tanto la naturaleza como el resto de las cosas no deberían ser sujeto de derecho, en la norma propuesta esta tiene derechos, los que al no estar suficientemente delimitados generan una enorme incertidumbre para los agricultores.

Por ejemplo: Respecto del derecho a la mantención y restauración de la naturaleza, si no se determina el ámbito de aplicación de la norma, podría afectar la materialización nuevos proyectos de inversión, o la continuidad de los ya existentes.

Los pueblos originarios deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución.

Nos preocupa la interpretación que se pueda dar a la norma, ya que podría llegar a plantearse que cada vez que exista alguien perteneciente a un pueblo originario y éste se vea afectado o vulnerado en sus derechos, deba realizarse un proceso de consulta para obtener el consentimiento previo de los afectados. Esto volvería imposible la realización de proyectos de cualquier índole, incluyendo los agrícolas, dado que su factibilidad dependería del consentimiento de los afectados.

Se consagra el deber del Estado de asegurar la soberanía y seguridad alimentaria.

La soberanía alimentaria es un concepto que busca que el Estado determine qué alimentos producir, cómo producirlos y para quién producirlos. Esto atentaría gravemente contra el derecho de libre elección de los agricultores para producir sus alimentos, y de buscar la mejor alternativa para su crecimiento. La soberanía alimentaria otorgaría al Estado la posibilidad de incidir en la producción de ciertos cultivos y productos alimenticios que no cumplan con lineamientos de la política del Gobierno de turno, elevando el precio de los alimentos y, afectando con ello, la seguridad alimentaria.

Todos los animales serán sujetos especiales de protección, entendiendo a partir de ello su capacidad de sentir y su derecho a una vida libre de maltrato.

Los animales forman parte de la agricultura y del mundo rural. Si bien se puede compartir la preocupación y el cuidado por los animales, esta protección a rango constitucional parece excesiva y la interpretación que pueda darse de la misma podría afectar la producción de alimentos de origen animal (ej. se podría prohibir la producción intensiva en corrales, la producción lechera, etc.).

Por otra parte nos preocupa la falta de delimitación de concepto “animales”, ya que, según esta norma, todos ellos serían seres sintientes y por tanto, sujetos de protección, incluyendo aquellos que son catalogados de plaga por la autoridad.

La Constitución garantiza un tratamiento equitativo y armónico y solidario entre las diversas entidades territoriales, tanto urbanas como rurales, no pudiendo establecer diferencias arbitrarias.

Valoramos de forma positiva que exista un reconocimiento y una preocupación por el desarrollo de las zonas rurales, lo que puede contribuir a mejorar el acceso a los bienes y servicios públicos, y con ello la calidad de vida de los habitantes del mundo rural.