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Sociedad Nacional de Agricultura, un futuro con historia

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Columna del Presidente
Cincuenta años de la reforma agraria


La conmemoración de los cincuenta años de la reforma agraria ha generado un debate que exige de nuestra parte algunas reflexiones adicionales, tanto de contexto como para plantear algunas prevenciones que son necesarias de tener en cuenta para sopesar el origen del afán reformista de la hora presente, y sus previsibles consecuencias.

La historia nos enseña que los países y sus dirigentes que no reconocen, asumen y corrigen sus errores corren el riesgo de repetirlos. Como dirigente gremial, me siento obligado a interpelar a todos cuantos tuvieron responsabilidades en este proceso para que, de buena fe, intentemos extraer conclusiones válidas que nos permitan orientar con la verdad a la opinión pública, lo que cobra relevancia en horas de desconcierto y, en particular, de desconfianza en las élites.

Durante el proceso de la reforma agraria, sin hacer las debidas distinciones, se expropiaron casi la totalidad de los predios con aptitud agrícola, calificados como bien o mal explotados (9,4 millones de hectáreas), incurriendo en un costo fiscal posible de estimar a esta fecha en cifras del orden de los US$ 40 mil millones, tanto en indemnizaciones como en acompañamiento burocrático, incluido el Indap, cifra a la que hay que agregar el descomunal costo patrimonial soportado por los agricultores expropiados, estimado a priori en otros US$ 60 mil millones.

Para su justificación, se nos motejó a todos de latifundistas, de mantener predios improductivos, donde se explotaba a los trabajadores y se los mantenía cautivos, analfabetos, etcétera; en general, expresiones demagógicas que pretendieron responsabilizar a todos los empresarios agrícolas, sin distinciones de ninguna especie, por la precariedad social imperante, situación que, a nuestro juicio, era el fruto inevitable de la asfixia económica a la que se los había conducido, como resultado de las erróneas políticas económico-sociales imperantes, tal como la evidencia histórica y la ciencia económica y social modernas se han encargado de demostrar. Avala esta opinión el rápido renacer de nuestra agricultura tan pronto como fueran restablecidas las condiciones mínimas necesarias para su desenvolvimiento, y todo ello sobre la base de casi los mismos denostados, abusados y despojados agricultores. Hoy se la ubica entre las principales actividades productivas del país y con alto reconocimiento ciudadano.

Tampoco es justo atribuir a los agricultores la responsabilidad por las condiciones laborales del sector, puesto que las normas imperantes las establecieron los gobiernos y parlamentos, dominados desde los años 30 por conglomerados políticos de centro y centroizquierda, y en lo relativo a la educación y salubridad de la población rural, coincidirán conmigo en que estas no son de responsabilidad de los empresarios, sino son privativas del Estado. Las precariedades que evidenciaban estos servicios básicos les son atribuibles en exclusividad, condición que, en términos relativos en función de nuestro actual nivel de desarrollo, se mantiene lastimosamente hasta el día de hoy. Es más, la escasa y precaria educación primaria en las localidades rurales era en gran parte suministrada en escuelas parroquiales por los llamados maestros en sus domicilios particulares y, en algunos casos, por las empresas agrícolas, supliendo con ello la inexcusable ausencia del Estado.

Debo advertir también que en el campo no había hambre, como sí se la sufría en medio de la miseria en las poblaciones marginales de las ciudades, a vista y presencia de la dirigencia política de entonces, la misma que frente a su incapacidad para hallar soluciones a tan degradantes males encontró un chivo expiatorio en los agricultores.

Podemos concluir que una vez más se instrumentalizó una muy deficitaria condición social que comprometía al conjunto del país para justificar un proceso expropiatorio enfocado en el agro, que en lo fundamental buscaba erradicar a los agricultores del medio rural y, con ello, su influencia electoral, para ganar la adhesión popular que permitiera primero acceder y luego mantenerse en el poder por al menos 30 años, según se ha reconocido hidalgamente por personeros de la DC. Eso explica el que a los buenos agricultores, que eran una amplia mayoría, se les expropiara por igual en un proceso que entregó el terreno abonado para que la Unidad Popular pudiera arrasar sin contemplaciones con el resto de las propiedades, con las secuelas de desabastecimiento de alimentos básicos y de caos social y político que la caracterizaron, constituyéndose en un antecedente clave para el quiebre de nuestra democracia en 1973.

Hoy, en un escenario distinto, volvemos a ver cómo se recurre a las mismas atávicas conductas, con que se pretende una vez más instrumentalizar las carencias sociales de la hora presente, propias de la evolución experimentada por nuestro país, para justificar el intento, vía cambios en nuestra Constitución, de menoscabar derechos que resguardan los patrimonios de los ciudadanos.

En la actualidad ya se evidencian, como era de esperar, las secuelas propias de estas intentonas, con un castigo severo de las expectativas y su consiguiente caída en la tasa de inversión.

Termino, por tanto, invitando a todos aquellos conductores de la sociedad que reconocemos responsabilidades en el ámbito público a actuar con madurez, lo que supone, ante todo, demostrar respeto por la ciudadanía, y, resistiendo la tentación de recurrir al populismo acuciado por apetitos de poder, asumamos el compromiso de orientarla con la verdad.

Nuestro pueblo, mayoritariamente, nos demanda proceder con rectitud, transparencia y moderación, y en su debido momento sabrá apreciar el valor de la honestidad, condición indispensable para salir al rescate del ascendiente social que debemos ganarnos a diario quienes estamos genuinamente comprometidos con el servicio por los demás.


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