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Sociedad Nacional de Agricultura, un futuro con historia

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A la altura de las circunstancias

Les presento una nueva revista El Campesino, la tradicional revista de nuestra querida Institución que juntas han cumplido hace pocos días, 182 años de historia, sin duda marcada y testigo de un enorme e importante desarrollo de la agricultura nacional y de nuestro país, pueden revisar la última edición en campesino.cl.

Qué duda cabe, los últimos meses y lo que vivimos hoy, quedará marcado en la historia de nuestro país y de la humanidad. Han sido tiempos muy difíciles en los cuales todos debemos ser protagonistas, primero en cuidarnos y cuidar a los que nos rodean y luego con esfuerzo y trabajo, ayudar a lograr superar la situación que vivimos. Hoy la preocupación es por la pandemia, pero ya es urgente también preocuparnos por levantar a nuestro querido país y todos los que habitamos estas nobles tierras.

La situación económica, que se prevé es profundamente grave, preocupante y ya hay muchos que la están sufriendo con angustia, miedo y problemas concretos. Será nuestro deber ir más allá de nuestras propias preocupaciones gremiales y empresariales para ir en ayuda de muchos. Quiero agradecer a los cientos y quizás miles, de agricultores que han tenido la iniciativa de ayudar a los que más lo necesitan a través de sus asociaciones o en forma personal, como también, a quienes se han puesto a disposición para apoyar la distribución de cajas de alimentos que se han elaborado con parte de los fondos recaudados en el Fondo de Emergencia de la CPC. Este ha sido un trabajo notable, liderado por nuestro presidente, Juan Sutil, entrevistado en Este número.

Por supuesto, a pesar de las dificultades y trabajo remoto, nuestras gestiones gremiales no han descansado, manteniendo permanente contacto con diversas autoridades del país y con los dirigentes de los 45 gremios asociados a la Institución, siempre velando por el desarrollo de nuestra agricultura.

Todos nosotros, con nuestras capacidades, empuje y sentido patriótico, estoy seguro saldremos adelante de esta inédita y grave situación que la Providencia nos ha puesto por delante.

Les hago un fuerte llamado a cada uno de ustedes, asuman su necesaria y constructiva responsabilidad en pos del porvenir de nuestro país. Los agricultores, hemos demostrado muchas veces en la historia de nuestra patria, que sabremos estar a la altura de las circunstancias. Ésta no será la excepción.

Un afectuoso saludo,
Ricardo Ariztía de Castro
Presidente SNA

Agricultura, desafíos y oportunidades hoy

Junto con saludarlos muy cordialmente, me permito presentarles nuevamente nuestra renovada Revista El Campesino, la que ya en una segunda versión, se ha editado de manera digital, con el objeto de hacerla más ágil, amigable y que además nos permita llegar a más agricultores y personas interesadas en los temas agrícolas.

La agricultura chilena, está ya nuevamente inserta en una temporada de cosechas de verano, que como siempre nos trae desafíos y oportunidades, la que se desarrolla en medio de una muy difícil situación social y que lamentablemente a ratos ha sido liderada por una inconducente violencia, que rechazamos con total claridad.

Sin duda la situación social y política que vive nuestro país, ha invisibilizado la grave situación que viven muchas zonas de nuestro Chile Central, con una creciente sequía que ha obligado a tomar decisiones muy difíciles, como es el no cultivar algunas tierras o bien dejar de regar algunas plantaciones. Es muy lamentable, pero como lo dijimos en nuestra reciente ENAGRO y a la luz de lo que se nos venía, los agricultores, estábamos dispuestos a sacrificar cultivos, para asegurar el consumo humano del agua. Así hemos actuado y lo seguiremos haciendo, cada vez que sea necesario.

Intentando dar una mirada de optimismo, aplaudimos la reciente apertura del mercado chino para los cítricos, lo cual se suma a la evolución que está teniendo la exportación de carnes rojas a dicho mercado. Así mismo, vemos con interés el nivel de precios internos que están recibiendo los productores lecheros y que les permite mirar sus proyectos con alguna mayor tranquilidad. Chile, debe seguir siendo el actor serio y responsable que es reconocido en los mercados mundiales de alimentos y para ello toda la cadena de valor agrícola, debe dialogar, reconocerse y avanzar de manera transparente en beneficio de todos.
Hemos llamado al diálogo al interior de nuestras empresas. Agradecemos a quienes ya lo han hecho y nos han informado y motivamos a los que no han podido llevarlo a cabo, que lo hagan. La generación de confianzas, al interior de las empresas, son efectos directos muy necesarios y positivos.

Por último, y en consideración a que estamos en el período de mayor contratación de personal en el sector, les sugiero consulten en sna.cl, el manual práctico que hemos elaborado, en conjunto con la OIT, para un correcto trabajo con las empresas contratistas.

Afectuosamente les saluda,
Ricardo Ariztía de Castro
Presidente SNA

El camino a seguir

Durante mi gestión al mando de la SNA nos centraremos en tres temas especialmente relevantes por su trascendencia. El primero de ellos es el proyecto de reforma al Código de Agua porque atenta contra el patrimonio más significativo del agricultor. Pretender modificar la naturaleza jurídica de los derechos de agua, cambiándolos de perpetuos a simples derechos de uso y goce temporal, tiene vicios de inconstitucionalidad. Aprobar una reforma de esa índole significaría comprometer seriamente los derechos de propiedad de los agricultores que la Constitución garantiza. La SNA defenderá este patrimonio en todas las instancias que corresponda.

Un segundo tema es la violencia creciente en la Araucanía que nos preocupa profundamente a los agricultores. Hay un pequeño grupo de extremistas que ha sometido a algunas regiones al miedo y a la destrucción. Nos hemos reunido con víctimas de la violencia, gremios locales y con varias organizaciones mapuches que nos expresaron sus inquietudes y hacia dónde centrar la mirada. La inmensa mayoría sólo aspira a una mejor calidad de vida, a partir de un diálogo honesto y concreto.

El Estatuto Agrícola es nuestra tercera preocupación prioritaria. La agricultura emplea alrededor de 800 mil personas y trabaja con seres vivos, por lo que está sometida a los rigores de la naturaleza y requiere permanente adaptabilidad. Hace ocho años, agricultores y trabajadores nos sentamos a conversar y llegamos a un acuerdo que se consagró en el Estatuto Agrícola. Esta instancia histórica fue validada y aplaudida por la OIT. Logramos que el gobierno anterior la mandara al Parlamento donde hoy duerme tranquilamente. Por su lado, este gobierno decidió descartar nuestro estatuto y redactar uno nuevo. Es decir, empresarios y trabajadores agrícolas concordamos en las características de una nueva legislación beneficiosa para ambas partes, pero se desechó y se prometió una nueva. Dado que estamos en pleno debate electoral, preferimos que ello no ocurra para lograr un buen estatuto que responda a la realidad de su gente. Hemos esperado tanto, que podemos esperar algo más y conseguir algo que realmente responda a nuestras necesidades, tanto de trabajadores como de empresarios.

La SNA seguirá conversando y aunando voluntades para lograr legislaciones que respondan a los requerimientos de la agricultura. Queremos ser un articulador, porque confiamos en el diálogo, así lo avalan nuestros 179 años de historia como institución. Por su parte, nosotros, los agricultores continuaremos aportando al desarrollo del país. Nuestro sector es mucho más que el 3,0% del PIB nacional.

Ricardo Ariztía de Castro
Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura

Araucanía: hacernos cargo con visión de futuro

En un viaje reciente de la mesa directiva de la Sociedad Nacional de Agricultura a la localidad de Pidima, Región de la Araucanía, fuimos testigos de cómo familias campesinas han reemplazado sus mantas y chupallas por cascos y chalecos antibalas para visitar sus huertas. La protección policial es permanente y el libre tránsito prácticamente imposible. Para llegar ahí pensábamos que bastaba una escolta policial, pero Carabineros nos debió trasladar en una tanqueta blindada para resguardar nuestra seguridad.

No es tolerable que no haya Estado de Derecho y que la agudización de la violencia se  radicalice y expanda a otras regiones como Biobío y Los Ríos. No podemos permitir que nuestra sociedad se insensibilice ante el triste récord de 18 iglesias incendiadas, decenas de camiones y maquinarias destruidas en lo que va del año, con el consecuente daño a personas inocentes.

Es un relato que no se condice con el Chile que estamos acostumbrados a ver, que conmueve y  que es parte de la realidad de muchos habitantes de la Araucanía; de muchos agricultores que no pueden cultivar sus tierras porque viven bajo permanente amenaza.

En nuestras visitas a la región también hemos conocido de cerca las necesidades del pueblo mapuche. Su demanda es clara: quieren ser parte del progreso del país que hoy les pasa por el frente y miran como espectadores, pues no tienen acceso al crédito o financiamiento para surgir. No quieren asistencialismo del Estado, de entidades públicas, que a juicio de ellos sólo han profundizado su pobreza.

Nuestro compromiso con el Parlamento Mapuche, con el que nos reunimos hace unos días, fue ser un gremio interlocutor entre sus comunidades y los diferentes líderes del país, de manera de contribuir a su integración. Y así lo haremos.

Existe común acuerdo que la violencia no es el camino para solucionar los problemas que los aquejan. Hemos coincidido en que el Estado ha fallado en el reconocimiento de sus necesidades y también en que la única vía para poner fin a este histórico conflicto es el diálogo. Y ellos están dispuestos a entablarlo.

La mayoría sólo aspira a una mejor calidad de vida. En mi rol como ex director del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) trabajé con comunidades mapuches y soy testigo de que el entendimiento es posible. Debemos comprender que su desconfianza está asociada a una pobreza sin límites y que la disputa de tierra es una de las tantas inquietudes, pero no la única.

Es tiempo de avanzar desde la declaración de intenciones hacia acciones concretas que permitan sacar este conflicto histórico de la trinchera en que se encuentra.

El rezago que afecta a la Araucanía es palpable y lo confirman las cifras. Es la región que presenta la mayor pobreza multidimensional con un 26% versus 19% del total nacional, según la Encuesta Casen 2015. Está entre las regiones con más altos índices de cesantía con un 7,6%, de acuerdo al último informe de empleo, y la reciente Encuesta Suplementaria de Ingresos del Instituto Nacional de Estadísticas reveló también que es la que tiene el más bajo registro de ingreso a nivel nacional. Al evaluar la dimensión socio-económica el retraso en su desarrollo podría llegar a casi dos décadas respecto del país.

Es tiempo de tomar medidas efectivas para incentivar la inversión, desarrollar infraestructura, avanzar en oportunidades sociales, cambiar la Ley Indígena y poner mano dura a los actos delictuales de células extremistas que hoy someten a la región en el miedo y la destrucción.  Esperamos que el proyecto de la Ley Araucanía, que enviará próximamente el Gobierno al Congreso, garantice efectivamente la reparación de las víctimas de la violencia que también han sentido el abandono.

Urge que la región salga del estancamiento. Gran parte de los mapuches quiere ser parte del desarrollo económico y productivo, por lo que se debe propiciar el acceso a capital; apoyándolos en capacidad de gestión y capacitación; generar asociatividad y desarrollo con identidad. Buscar fórmulas para las más de 300 mil hectáreas que hoy están improductivas.

Hay plena conciencia de que el Estado está en deuda. Debe responder a las necesidades del pueblo mapuche con miras a las exigencias del siglo XXI así como también hacerse cargo de las crecientes necesidades de una región que anhela una política pública con una mirada integral y visión de futuro.

Ricardo Ariztía de Castro
Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura

Un Futuro con Historia

Me valgo de nuestro lema institucional para compartir con ustedes una reflexión que mira al futuro y sus grandes desafíos, teniendo muy en cuenta de dónde venimos y del largo camino recorrido en los fecundos 179 años de vida institucional. En lo personal, estoy poniendo término a 14 años de activo compromiso gremial en nuestra institución. Créanme que, cuando a un simple agricultor con vocación de servicio, se le abren las puertas de una institución nacida con la República, y se le permite el privilegio de participar en sus instancias directivas, se le carga en la espalda la pesada tradición histórica de la agricultura chilena, que bien asumida deviene en un enorme estímulo para desplegar todas las capacidades disponibles.

Nuestros agricultores desde temprano ocuparon el territorio y fueron extrayendo de la tierra los alimentos para nuestro pueblo. Esta titánica tarea cotidiana tuvo distintos grados de dificultad según fueron las orientaciones de los gobernantes a lo largo del tiempo, que determinaron, en general, un lento progreso en el primer siglo y medio de vida republicana, que termina con la fatídica Reforma Agraria, cuando se nos usa como chivos expiatorios de todos los males de la sociedad de su tiempo. Con la superación de los traumas del pasado y apoyados en la apertura comercial de Chile, los agricultores y un importante contingente de nuevos actores, asumen los nuevos desafíos en un ambiente de certeza jurídica, que permite evidenciar la gran reserva de iniciativa y vocación empresarial que desde un comienzo quedó en evidencia en esta fecunda etapa de nuestra historia reciente.

Hemos sido protagonistas de la construcción de un nuevo Chile, más integrado, inclusivo, capacitado y próspero, con clases medias que alcanzan a un 80% de la población, y con niveles de pobreza en descenso y en torno al 10%.

Aún esperan acceder a una vida digna más de un millón y medio de chilenos y acucian aquellas cinco mil familias que viven en la miseria.

Los empresarios, que ocupamos el privilegiado espacio de aquel 3% de ciudadanos que tienen su vida razonablemente bien resuelta, debemos renovar el compromiso humano y ético, que permita a la mayor brevedad sustraer de las garras de la indignidad a tantos compatriotas que no pueden seguir esperando, tal como nos lo recordara el Papa Juan Pablo II.

Este compromiso es indispensable para lograr restablecer la confianza ciudadana en nuestro rol en la sociedad y así proyectarnos con fuerza hacia el futuro como una sociedad que, en paz y concordia, acoge a todos sus hijos, brindándoles las oportunidades que cada quien requiere para cumplir con los sueños que lo motivan en la vida.

Estos últimos cuatro años nos debiesen enseñar que no basta con hacer producir la tierra, dar buen trabajo y cumplir con nuestras obligaciones previsionales y tributarias, sino también, debemos restablecer los vínculos con la sociedad que nos circunda, dando a conocer el sentido de lo que hacemos y por sobre todo, demostrando con hechos que Chile y su gente son parte central del compromiso que nos impulsa a diario, restableciendo la confianza y cercanía con la esquiva y ensimismada ciudadanía.

Ya hemos demostrado nuestra capacidad empresarial y de ello hablan nuestra gran inserción internacional, falta que nuestro pueblo nos aprecie y reconozca por nuestra cercanía y compromiso con sus aspiraciones humanas más esenciales.

Una expropiación encubierta

Días atrás fuimos citados a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para debatir sobre los impactos en el erario público del proyecto que modifica el Código de Aguas.

Advertimos que la iniciativa del Ejecutivo encubría una expropiación sin indemnización, al no mediar ley de expropiación que lo habilite para privar a los dueños de los derechos de aguas vigentes de los atributos que son de la esencia del derecho de propiedad, como son la facultad de usar, gozar y disponer a perpetuidad y sin limitaciones del derecho del que se es dueño (Art. 19 nº 26 de la Constitución).

El propósito explícito del proyecto original es que todos los derechos, consuntivos y no consuntivos, tanto los vigentes como los nuevos que se otorguen, sean una mera concesión administrativa temporal; por tanto, de vigencia limitada, con restricciones en su disposición, y extinguibles a criterio funcionario. Esta pretensión es inconstitucional, dado que en nuestra Carta Fundamental no se admite una vigencia temporal ni restricción alguna para la propiedad de los derechos de aprovechamiento de aguas, otorgándoles una especial protección, que los distingue de los derechos de propiedad mineros, industriales e intelectuales, que sí tienen limitaciones en el tiempo.

Para ello, el proyecto, si bien mantiene la vigencia de los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos con anterioridad, se permite violar derechos ciudadanos amparados por la Constitución, y en acto temerario se establece que «el ejercicio de dichos derechos se sujetará a las limitaciones o restricciones contenidas en la nueva legislación». Esto significa que los antiguos derechos se mantienen, pero de ahora en adelante serían limitados y restringidos, tal como las nuevas inconstitucionales concesiones.

Para intentar salvar esta flagrante inconstitucionalidad, que nosotros denunciamos, se propuso, mediante una redacción engañosa, que dichos derechos «seguirán estando vigentes, pudiendo sus titulares usar, gozar y disponer de ellos en conformidad a la ley». La pregunta es ¿a qué ley se refiere? Obviamente a la eventual nueva ley, que consagra las concesiones y por esa vía establece la retroactividad que compromete los derechos vigentes.

Es decir, una vez promulgada esta reforma, los derechos anteriores seguirían vigentes, rigiéndose a futuro por esta nueva ley, y por ello serían ejercidos como concesiones temporales y restringidos en su uso, goce y disposición.

Con esta redacción engañosa, se logra el apoyo de algunos parlamentarios que, sorprendidos en su buena fe, aprueban en la Comisión una norma inconstitucional.

El proyecto propone también otras medidas inconstitucionales que en nuestra opinión constituyen verdaderas expropiaciones sin pago de indemnización:

a) El establecimiento de caudales ecológicos diferenciados en cauces declarados agotados, con cargo a derechos constituidos, privando a los ciudadanos de una fracción de sus derechos legítimos.

b) La caducidad de los derechos reconocidos o constituidos si no son regularizados al término del plazo otorgado.

c) La suspensión del ejercicio de los derechos por tiempo indefinido, sin contemplar indemnización por los perjuicios que conlleva la aplicación de las nuevas prioridades de uso.

d) La limitación a las opciones de cambio de destino del recurso, afectando la libre disposición de su derecho por parte de los dueños, entre otros.

En la Comisión advertimos que para hacer posible el cambio de la naturaleza jurídica del derecho, debería dictarse una ley de expropiación que comprometería montos estimados en la indemnización de nuestros derechos por US$ 17.000 millones, y por la infraestructura privada de distribución, US$ 8.000 millones adicionales, totalizando US$ 25.000 millones. Además, el Estado tendría que asumir la gestión de la distribución, lo que implicaría un presupuesto anual, estimado por la propia Dirección General de Aguas, de US$ 2.480 millones. Estas cifras solo consideran al sector agrícola, ya que no incluyen las indemnizaciones correspondientes a los sectores minero, hidroeléctrico, sanitario e industrial, afectados de igual modo.

Con el mismo propósito, desde el Senado y por iniciativa parlamentaria, en la Comisión Especial de Recursos Hídricos se aprobó una propuesta de reforma a la Constitución. La «trampa» de este proyecto es que no solo lleva a nivel constitucional la declaración de las aguas como bien nacional de uso público, ya reconocido en el Código Civil y en el de Aguas, sino que es el derecho de aprovechamiento mismo el que se declara constitucionalmente como «de utilidad pública», y ahí viene lo que se llama la publificación o nacionalización de los derechos (no de las aguas, que ya son bienes nacionales), con lo cual se está abriendo el camino a su privación, incluso, sin indemnización y con un enorme margen para el legislador. Por esto, sacan la regulación de los derechos de aprovechamiento del N° 24° y la llevan al N° 23° del Art. 19 de la Constitución.

Estos proyectos, de aprobarse, atentarían en contra de nuestros irrenunciables derechos, nos privarían de una parte significativa de nuestro patrimonio, afectarían nuestra capacidad de endeudamiento e impactarían muy negativamente en la inversión nacional de todos los sectores productivos.

Nos recuerdan a la reforma agraria por su inspiración, cuando se terminó pagando, en promedio, el 10% del valor de las tierras y aguas expropiados, violando lo dispuesto por la Constitución de 1925 vigente a la fecha.

Queda claro que nuestra advertencia tiene sólidos fundamentos. Solicito, entonces, a nuestras autoridades que se hagan cargo de ella, puesto que se comprometen derechos fundamentales de titulares de todos los sectores productivos, con grave afectación de la fe pública y su consecuente gravísimo impacto en las expectativas, la inversión y potencialmente en la convivencia nacional.

Cincuenta años de la reforma agraria

La conmemoración de los cincuenta años de la reforma agraria ha generado un debate que exige de nuestra parte algunas reflexiones adicionales, tanto de contexto como para plantear algunas prevenciones que son necesarias de tener en cuenta para sopesar el origen del afán reformista de la hora presente, y sus previsibles consecuencias.

La historia nos enseña que los países y sus dirigentes que no reconocen, asumen y corrigen sus errores corren el riesgo de repetirlos. Como dirigente gremial, me siento obligado a interpelar a todos cuantos tuvieron responsabilidades en este proceso para que, de buena fe, intentemos extraer conclusiones válidas que nos permitan orientar con la verdad a la opinión pública, lo que cobra relevancia en horas de desconcierto y, en particular, de desconfianza en las élites.

Durante el proceso de la reforma agraria, sin hacer las debidas distinciones, se expropiaron casi la totalidad de los predios con aptitud agrícola, calificados como bien o mal explotados (9,4 millones de hectáreas), incurriendo en un costo fiscal posible de estimar a esta fecha en cifras del orden de los US$ 40 mil millones, tanto en indemnizaciones como en acompañamiento burocrático, incluido el Indap, cifra a la que hay que agregar el descomunal costo patrimonial soportado por los agricultores expropiados, estimado a priori en otros US$ 60 mil millones.

Para su justificación, se nos motejó a todos de latifundistas, de mantener predios improductivos, donde se explotaba a los trabajadores y se los mantenía cautivos, analfabetos, etcétera; en general, expresiones demagógicas que pretendieron responsabilizar a todos los empresarios agrícolas, sin distinciones de ninguna especie, por la precariedad social imperante, situación que, a nuestro juicio, era el fruto inevitable de la asfixia económica a la que se los había conducido, como resultado de las erróneas políticas económico-sociales imperantes, tal como la evidencia histórica y la ciencia económica y social modernas se han encargado de demostrar. Avala esta opinión el rápido renacer de nuestra agricultura tan pronto como fueran restablecidas las condiciones mínimas necesarias para su desenvolvimiento, y todo ello sobre la base de casi los mismos denostados, abusados y despojados agricultores. Hoy se la ubica entre las principales actividades productivas del país y con alto reconocimiento ciudadano.

Tampoco es justo atribuir a los agricultores la responsabilidad por las condiciones laborales del sector, puesto que las normas imperantes las establecieron los gobiernos y parlamentos, dominados desde los años 30 por conglomerados políticos de centro y centroizquierda, y en lo relativo a la educación y salubridad de la población rural, coincidirán conmigo en que estas no son de responsabilidad de los empresarios, sino son privativas del Estado. Las precariedades que evidenciaban estos servicios básicos les son atribuibles en exclusividad, condición que, en términos relativos en función de nuestro actual nivel de desarrollo, se mantiene lastimosamente hasta el día de hoy. Es más, la escasa y precaria educación primaria en las localidades rurales era en gran parte suministrada en escuelas parroquiales por los llamados maestros en sus domicilios particulares y, en algunos casos, por las empresas agrícolas, supliendo con ello la inexcusable ausencia del Estado.

Debo advertir también que en el campo no había hambre, como sí se la sufría en medio de la miseria en las poblaciones marginales de las ciudades, a vista y presencia de la dirigencia política de entonces, la misma que frente a su incapacidad para hallar soluciones a tan degradantes males encontró un chivo expiatorio en los agricultores.

Podemos concluir que una vez más se instrumentalizó una muy deficitaria condición social que comprometía al conjunto del país para justificar un proceso expropiatorio enfocado en el agro, que en lo fundamental buscaba erradicar a los agricultores del medio rural y, con ello, su influencia electoral, para ganar la adhesión popular que permitiera primero acceder y luego mantenerse en el poder por al menos 30 años, según se ha reconocido hidalgamente por personeros de la DC. Eso explica el que a los buenos agricultores, que eran una amplia mayoría, se les expropiara por igual en un proceso que entregó el terreno abonado para que la Unidad Popular pudiera arrasar sin contemplaciones con el resto de las propiedades, con las secuelas de desabastecimiento de alimentos básicos y de caos social y político que la caracterizaron, constituyéndose en un antecedente clave para el quiebre de nuestra democracia en 1973.

Hoy, en un escenario distinto, volvemos a ver cómo se recurre a las mismas atávicas conductas, con que se pretende una vez más instrumentalizar las carencias sociales de la hora presente, propias de la evolución experimentada por nuestro país, para justificar el intento, vía cambios en nuestra Constitución, de menoscabar derechos que resguardan los patrimonios de los ciudadanos.

En la actualidad ya se evidencian, como era de esperar, las secuelas propias de estas intentonas, con un castigo severo de las expectativas y su consiguiente caída en la tasa de inversión.

Termino, por tanto, invitando a todos aquellos conductores de la sociedad que reconocemos responsabilidades en el ámbito público a actuar con madurez, lo que supone, ante todo, demostrar respeto por la ciudadanía, y, resistiendo la tentación de recurrir al populismo acuciado por apetitos de poder, asumamos el compromiso de orientarla con la verdad.

Nuestro pueblo, mayoritariamente, nos demanda proceder con rectitud, transparencia y moderación, y en su debido momento sabrá apreciar el valor de la honestidad, condición indispensable para salir al rescate del ascendiente social que debemos ganarnos a diario quienes estamos genuinamente comprometidos con el servicio por los demás.

Algunas iniciativas legislativas siembran gran incertidumbre sobre el desarrollo del agro.

La economía chilena ha venido de más a menos este 2014. A comienzos de año las proyecciones de crecimiento se encontraban en torno a 4% y hoy los más optimistas la sitúan incluso por debajo del 2%. Aunque la autoridad económica cree que el punto de inflexión se verá en el cuarto trimestre, las señales disponibles no parecen darle la razón.

Mucho puede debatirse sobre cuánto de esta tendencia se explicaría por factores externos o internos, pero lo cierto es que los índices de confianza de empresas y de consumidores se han deteriorado en los últimos meses pasando a la zona de pesimismo, lo que es preocupante porque estos estados de ánimo no son fáciles de revertir.

Lo que a estas alturas muy pocos discuten es el impacto que el cúmulo de reformas estructurales propuesto por el gobierno ha colaborado en este deterioro, partiendo por el impacto del alza de impuestos en la tasa de inversión.

Al mismo tiempo, destacados analistas chilenos y extranjeros se preguntan cómo es que Chile, luego de 30 años de exitoso desempeño en crecimiento y logros sociales, se propone cambiar la fórmula de éxito por un paquete de reformas de dudosa efectividad para alcanzar el objetivo de mejorar las oportunidades de niños, jóvenes y familias menos favorecidas.

Al igual como podrían frustrarse las expectativas de muchas familias para continuar prosperando, hoy en día a la agricultura podría ocurrirle algo similar.

La competitividad del agro se está recuperando gracias a una mayor eficiencia productiva, productos de creciente calidad y valor agregado, y un tipo de cambio al alza. A la vez, vemos una creciente demanda mundial por alimentos, destacando en particular dos focos: uno, Estados Unidos, destino que ya conoce nuestros productos y cuya demanda interna va en franca recuperación, y dos, el dinamismo de los mercados asiáticos, que ya superan el 30% de nuestras ventas al exterior y ofrecen crecientes oportunidades.

La otra cara es el clima interno. Hoy se tramita en el Congreso la reforma al Código de Aguas, con indicaciones de dudosa constitucionalidad y que amenazan la titularidad de los derechos de aprovechamiento del recurso, el cual es clave para alentar la inversión que nos permita aprovechar nuestras ventajas competitivas y fortalecer el pilar del desarrollo agro-exportador, fuente de crecimiento y prosperidad para las regiones agrícolas  de nuestro país.

Por otro lado, prontamente el gobierno enviará a trámite legislativo las reformas sindicales, iniciativas que no abordan los reales desafíos futuros en materia laboral: más y mejores empleos, mayor productividad y competitividad.

Aunque en lo inmediato, el escenario para la agricultura es más favorable que en años anteriores, y se proyecta un crecimiento en torno al 4% para el año 2015 -que se explica en parte por el bajo punto de comparación de este año-, las iniciativas legislativas antes comentadas siembran gran incertidumbre sobre el desarrollo futuro del agro. Para mantener e impulsar el crecimiento del sector será clave que en la discusión de estas reformas prime el diálogo, se resguarde la certeza jurídica y se restablezcan las confianzas y el diálogo, aspectos esenciales para estimular la inversión.

Proyecciones 2015

2014 2015
PIB de Chile (anual) 1,9% 2,5-3,0%
Precio del dólar (a diciembre) 590 580-620
Precio del cobre (US$/libra a dic) 3,0-3,1 2,9 – 3,1
Desempleo (promedio año) 6,6 7,0-7,5
Inflación (a diciembre) 5,0-5,2 3,0-3,2

La gestión de lo público: un escrutinio ausente en el debate

Arrecian las columnas que analizan el momento político, económico y social, buscando explicar las conductas de los distintos actores, las coaliciones políticas y las volubles adhesiones de la ciudadanía.  Se suele destacar el bajo nivel de aprobación a la labor del parlamento y a los partidos políticos. Y generalmente hay un gran ausente: no se hacen escrutinios a la gestión de los organismos públicos de dependencia del Ejecutivo.

El desarrollo que ha alcanzado el país no se condice con el que exhiben las instituciones estatales, muchas de las cuales han quedado rezagadas en décadas. Son miles los chilenos que acuden al sector privado para resolver sus necesidades, dadas e las carencias de los servicios básicos de educación, salud y seguridad. En momentos en que se tramita la reforma educacional, lo vemos a diario en el reclamo de padres que ruegan a los parlamentarios que no desaparezca la educación subvencionada, porque no creen en la calidad de la educación del Estado.

Pese a ello, es habitual escuchar cómo el mundo político endosa a terceros las responsabilidades por insuficiencias gubernamentales,  culpando a las leyes vigentes, a los gobiernos anteriores, a la oposición y a actores sociales, incluidos los empresarios. Un diagnóstico que también tiene su correlato en el sector agrícola que hoy presencia con preocupación la reforma que se discute al Código de Aguas.

En efecto, bajo la intención de “recuperar” el agua para los chilenos (que dicho sea de paso ya es de todos al ser un bien nacional de uso público); asegurar el abastecimiento de la población y hacer frente a la escasez hídrica que habría sido agravada “por el mercado”, se plantean cambios profundos en la dirección incorrecta.

En nuestro juicio se ha instrumentalizado una situación que es delicada y real sin atender que, en gran parte, esto es consecuencia de un Estado que no responde con oportunidad y eficacia el mandato que le impone la ley. Para enfrentar con eficacia la sequía, se requiere realizar a tiempo las inversiones públicas en infraestructura hídrica, profundizar los pozos de la APR para asegurar el consumo de la población rural, infiltrar napas subterráneas e incentivar el uso eficiente del agua. Para evitar los abusos y terminar con las extracciones ilegales es fundamental fortalecer a la DGA con más fiscalizadores y que las autoridades utilicen las herramientas que les proporciona la institucionalidad actual.  El Estado sí puede expropiar y reasignar derechos cuando está en riesgo el abastecimiento para el consumo humano o cuando los derechos de aprovechamiento de aguas han sido mal entregados.

Compartimos la necesidad de dar amplias garantías al abastecimiento de aguas con fines sanitarios y ambientales y avanzar en el aseguramiento del buen uso del recurso, evitando los eventuales acaparamientos y la especulación. Estas son metas posibles de alcanzar y no requieren recurrir a la privación de un derecho adquirido y muy valorado por sus dueños, que lo han incorporado a sus patrimonios y les dan la indispensable certeza jurídica para emprender sus iniciativas productivas y poder garantizar los créditos necesarios para financiar sus inversiones.

Las mayorías ciudadanas, consciente o inconscientemente, se resisten a devolver al Estado facultades que comprometen o limitan sus libertades, derechos adquiridos con gran esfuerzo y que valoran aún más cuando se ven enfrentadas a la opción de tener que renunciar a ellas para volver a quedar expuestas a la incompetencia, burocracia y discrecionalidad tan propias de lo público.

Si proyectamos el escenario hídrico nacional, debemos concordar que estamos enfrentados a un enorme desafío, que nos exige convocar a los mejores dentro del Estado, de la academia, de los profesionales y de los usuarios del recurso. Esta alianza público privada, con expresión a nivel central y de cada región, debe llevarnos a definir la estrategia y los medios a través de los cuales resolveremos los apremios hídricos de corto, mediano y largo plazo, apelando al mejor aprovechamiento de los recursos ociosos, a la modernización de los criterios de gestión y a la experiencia internacional.

Podremos concretar con éxito esta titánica empresa, si somos capaces de renunciar a los prejuicios, a las simplificaciones, a los apetitos de poder desmedidos y, por sobre todo, si nos comprometemos en una política de Estado que trascienda los gobiernos y las ideologías.

Reforma al Código de Aguas

Toda legislación es perfectible, particularmente cuando las condiciones van cambiando, y en ese sentido creo que la estrechez hídrica que hemos estado experimentando requiere algunas regulaciones extras. De las conversaciones que hemos sostenido con las autoridades del sector, y de algunos parlamentarios, puedo extraer que se ha impuesto, una visión mesurada y evolutiva de la norma jurídica, que esperamos se exprese en las indicaciones y propuestas legislativas.
Sin duda, la institucionalidad pública en general, y la DGA en particular, quedaron rezagados en más de 30 años respecto a la evolución que ha experimentado el país, constituyéndose en un lastre para el desarrollo. Siendo esto un dato de la realidad, no puedo más que coincidir con el Ministro de Obras Públicas en relación al rol de la DGA en el marco de una nueva institucionalidad para el sector recursos hídricos, que deberá reagrupar los más de 100 roles que cumplen sobre 42 reparticiones públicas en cuatro ministerios, que lo único que hacen es competir y anularse en sus desempeños. Por otro lado, establecer plazos para la vigencia de los derechos de agua me parece innecesario, bastando con encarecer las patentes por no uso de modo de hacer muy onerosa su subutilización. Plantear limitaciones en el tiempo restringe la certeza jurídica y de abastecimiento, en proyectos de lenta maduración como son todos los relacionados con recursos naturales. La ley actual consagra todas las atribuciones que el Ministro reclama, y si algo debiera asumir por transparencia, es que los servicios públicos responsables de estas materias no han tenido los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con las responsabilidades que la ley les encomienda. El sector privado, en su gran mayoría, cumple responsablemente con el ejercicio de sus derechos de aprovechamiento. Ahora bien, cuando el Estado por insuficiencia administrativa deja amplios espacios sin control, nunca faltará algún inescrupuloso que intente aprovecharse de esta oportunidad. Mis 45 años de experiencia en la administración de Organizaciones de usuarios de todo nivel, me permiten afirmar que el 95% o más de los ilícitos que se detectan, obedecen a falta de servicio público, en diversas instancias, que han impedido la aplicación de la ley con rigor.