Sociedad Nacional de Agricultura, un futuro con historia

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Columna del Presidente
Reforma al Código de Aguas


Toda legislación es perfectible, particularmente cuando las condiciones van cambiando, y en ese sentido creo que la estrechez hídrica que hemos estado experimentando requiere algunas regulaciones extras. De las conversaciones que hemos sostenido con las autoridades del sector, y de algunos parlamentarios, puedo extraer que se ha impuesto, una visión mesurada y evolutiva de la norma jurídica, que esperamos se exprese en las indicaciones y propuestas legislativas.
Sin duda, la institucionalidad pública en general, y la DGA en particular, quedaron rezagados en más de 30 años respecto a la evolución que ha experimentado el país, constituyéndose en un lastre para el desarrollo. Siendo esto un dato de la realidad, no puedo más que coincidir con el Ministro de Obras Públicas en relación al rol de la DGA en el marco de una nueva institucionalidad para el sector recursos hídricos, que deberá reagrupar los más de 100 roles que cumplen sobre 42 reparticiones públicas en cuatro ministerios, que lo único que hacen es competir y anularse en sus desempeños. Por otro lado, establecer plazos para la vigencia de los derechos de agua me parece innecesario, bastando con encarecer las patentes por no uso de modo de hacer muy onerosa su subutilización. Plantear limitaciones en el tiempo restringe la certeza jurídica y de abastecimiento, en proyectos de lenta maduración como son todos los relacionados con recursos naturales. La ley actual consagra todas las atribuciones que el Ministro reclama, y si algo debiera asumir por transparencia, es que los servicios públicos responsables de estas materias no han tenido los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con las responsabilidades que la ley les encomienda. El sector privado, en su gran mayoría, cumple responsablemente con el ejercicio de sus derechos de aprovechamiento. Ahora bien, cuando el Estado por insuficiencia administrativa deja amplios espacios sin control, nunca faltará algún inescrupuloso que intente aprovecharse de esta oportunidad. Mis 45 años de experiencia en la administración de Organizaciones de usuarios de todo nivel, me permiten afirmar que el 95% o más de los ilícitos que se detectan, obedecen a falta de servicio público, en diversas instancias, que han impedido la aplicación de la ley con rigor.


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